lunes, 18 de diciembre de 2006

Actualidad del Área y Propuestas 2003

Varios de los puntos desarrollados en la plataforma del año 2003 estaban inspirados en el tipo de análisis que antes describíamos.

Con aquella plataforma podemos coincidir y señalar como importantes lineamientos generales para seguir subrayando:

- La visión integral de la defensa, no solo dependiente de nuestras armas sino del bienestar de los ciudadanos y de la pujanza de la Nación.

- La necesidad de trabajar hacia un modelo de Seguridad Cooperativa Regional en el marco del MERCOSUR.


En cuanto a las propuestas concretas que planteáramos como partido en 2003, encontramos que ciertas políticas propuestas fueron ya implementadas por la gestión actual (Mstra. Garré).

Esta gestión “reactivó” el área, continuando reformas que habían quedado pendientes desde hace 18 años (1988) cuando se sancionó con un consenso parlamentario absoluto la Ley de Defensa Nacional (24.554)

Con la firma del decreto de reglamentación de esta ley, en junio del corriente año, se pusieron en marcha muchas de nuestras propuestas que se sintetizaban en el cumplimiento y reglamentación de la ley de 1988.

Se puso en funcionamiento el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) integrado por el Presidente de la Nación, el Ministro de Defensa, el Jefe de Estado Mayor Conjunto y los Jefes de Estado Mayor Generales de cada Fuerza. Se creó también la Secretaria del CODENA, organismo encargado del funcionamiento administrativo y ejecutivo del Consejo.

La función del CODENA es la “asistencia y asesoramiento al PRESIDENTE DE LA NACION en cuestiones relativas a la determinación de los lineamientos básicos de la política de defensa nacional, especialmente a través del diseño y elaboración de informes, evaluaciones, dictámenes y proyectos periódicos y especiales para la determinación de situaciones de riesgo que puedan afectar la soberanía e independencia nacional, proponiendo en tales casos las medidas y/o acciones que se estimen necesarias para su resolución.”

Siguiendo esta reglamentación, el Poder Ejecutivo de la Nación le requirió al CODENA que, en cumplimiento de su misión, le prepare un diagnóstico comprensivo de la situación estratégica nacional, en el cual se especifiquen y describan los actores, las situaciones y las tendencias que, tanto en el ámbito global como regional, puedan interesar a la defensa nacional.

En la plataforma 2003 se proponía reorganizar el Ministerio de Defensa dando prioridad a las capacidades técnicas del personal. En este sentido, reafirmamos la necesidad de una reforma de la Escuela de Defensa Nacional, dependiente del Ministerio, para que pueda constituirse en el organismo de implementación de un Servicio Civil de Defensa.

Un elemento más que contenía nuestra propuesta era la anulación de las leyes denominadas “De obediencia debida” y “Punto final”, anulación que ya fue aprobada por el Congreso Nacional.

Por otro lado, la gestión Garré avanzó hacia medidas que perfilaban un mayor control civil de los asuntos militares, percibidos durante mucho años como una verdadera “caja negra” ajena a la incumbencia de las autoridades civiles.

No esta demás aclarar que si bien estas medidas fueron llevadas a cabo mas allá de sus anuncios, la verificación sobre su implementación hace necesarias algunas entrevistas sobre las cuales estamos actualmente trabajando.

Sobre el ámbito de la Inteligencia Militar fueron varias las medidas tomadas por la Ministra:

- Pedido de informe y revisión de todos los planes de inteligencia de todos los niveles del ministerio y sus dependencias (incluidas las tres Armas) con el objetivo de: “compatibilizar, adecuar, y actualizar los documentos mencionados de acuerdo al marco legal vigente, que prohíbe la realización de tareas de inteligencia interna a las fuerzas armadas por ser una violación a las leyes de defensa nacional y seguridad interior.”

- La Fuerza Aérea Argentina ordenó, a través de su Jefatura de Estado Mayor General, clausurar los destacamentos Regionales de Inteligencia “Litoral”, “Oeste”, “Sur”, “Córdoba” y “Capital Federal” y encargó a su Jefatura II de Inteligencia estudiar y proponer las tareas, funciones y estructura orgánica de las nuevas Unidades a crearse en su reemplazo.

- El PEN, por medio del Decreto Nº 1076/06 delegó a la titular del Ministerio de Defensa la facultad de acceder a la información vinculada a las actividades de Inteligencia Estratégica Militar, al personal, a la documentación y a los bancos de datos de los organismos afectados a esas funciones, en cumplimiento de las atribuciones que le otorga la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).


La ministra también promovió un proyecto de reforma de la justicia militar que promueve la aplicación de la justicia federal para caso de delitos de miembros de la fuerza, la creación de un proceso penal-militar para tiempo de guerra o situaciones de conflicto y establece un Código Disciplinario para las actuaciones administrativas.


Se avanzó en medidas tendientes a suprimir elementos de la normativa vigente que puedan incurrir en discriminación de género en el ámbito de las FFAA:

- Se resolvió instruir a los jefes de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas para que sean admitidas en las instituciones educativas militares las mujeres con hijos o embarazadas

- Se elevó desde el Ministerio a la Presidencia de la Nación un proyecto de decreto para la derogación de un artículo de la ley 24.429 que impide a personas con hijos ingresar al Servicio Militar Voluntario.


En cuanto a la promoción de la “conjuntéz”, esto es, el planeamiento y organización conjunta de las tres armas siguiendo criterios de eficiencia presupuestaria y operacional, el Ministerio anunció la creación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta.

Con este organismo se pretende avanzar en el desarrollo conjunto de la organización y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, y se complementará la actividad que desarrollan las Escuelas Superiores de Guerra de las tres fuerzas, desde la perspectiva de la acción conjunta. En la creación de este organismo colaborará el Servicio Exterior de la Nación y la Universidad Publica.

También se expresó la voluntad de estrechar los vínculos con las universidades nacionales en cuanto a la formación de cuadros militares y a una adecuación de los planes de estudios incluyendo temáticas de DDHH, Derecho Internacional Humanitario superando antíguos enfoques autoritarios.

En una presentación de funcionarios del Ministerio con los miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, fueron presentadas la mayoría de estas medidas teniendo amplia aprobación por parte de los diputados presentes, incluyendo la del Dip. Raimundi, del ARI.

El ARI también dispuso su voto para la media sanción del proyecto de Ley de Procuración de Medios para la Defensa (expte. 795-D-06).

Sin embargo, hubo un pedido expreso del Dip. Adrián Pérez para que se incluya un articulo que restituía la Dirección General de Fabricaciones Militares a su ámbito natural del Ministerio de Defensa ante “versiones acerca de que estas empresas de la Dirección de Fabricaciones Militares serían convertidas en sociedades anónimas o resultarían transferidas al Ministerio de Planificación, al estilo de lo que se hizo con AySA, ENARSA y ARSAT”. El diputado Villaverde – autor del proyecto – sostuvo el compromiso de la Ministra Garré de descartar toda posibilidad de privatizar o transformar en sociedad anónima alguna de las empresas que componen la Dirección.

Mediante Decreto Presidencial, finalmente, Fabricaciones Militares quedo bajo la orbita del Ministerio de Planificación que, junto a el traspaso del Comando de Regiones Aéreas al Ministerio de Planificación, implicaron un avance del Ministro Julio De Vido sobre el área militar.

Si bien estas intervenciones del Ministro De Vido constituyen una injerencia directa en asuntos relacionados con la Defensa, entendemos que su lógica excede las posibilidades explicativas de esta presentación.

En todo caso, obedece a un “estilo” organizacional propio del patrimonialismo que establece solo vínculos “radiales” entre las áreas y el Jefe del Ejecutivo, haciendo imposible toda coordinación horizontal y ordenada de las dependencias del gobierno. De esta manera, no podemos conocer a ciencia cierta el mecanismo de toma de decisiones en temas claves como los referidos, para poder situarlos dentro de las políticas específicamente emanadas desde el área estudiada o no.

Por último, el nombramiento de un antiguo adversario provincial del Presidente Kirchner´(Arturo Puricelli, ex gobernador de Santa Cruz y referente menemista) al frente de la “relocalizada” Dirección de Fabricaciones Militares, desconcierta sobre que tipo de racionalidad es empleada por el Poder Ejecutivo Nacional para áreas de interés estratégico elemental.



Iniciativas legislativas del ARI


Las iniciativas legislativas del ARI relacionadas con el Área de Defensa no plantean políticas ejecutivas para el área. Sin embargo, entre las más relevantes podemos encontrar:


- Pedido de Destitución del Jefe de Estado Mayor Conjunto, Roberto Bendini “en razón de las contundentes probanzas en su contra que existen en la causa penal en la que se lo investiga por la comisión de delitos contra la administración pública, que condujeron a la Justicia Federal de Río Gallegos a citarlo a declaración indagatoria, y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a acusarlo de haber cometido el delito de peculado” realizado por el Dip. Adrián Pérez.

- Atención Médica Integral para Veteranos de Guerra - Ex Combatientes de Malvinas y Atlántico Sur, por la Dip. Elisa Carrió.

- Transferir la Dirección General de Fabricaciones Militares a la orbita del Ministerio de Defensa, por el Dip. Adrián Pérez.

- Intervenciones de los Dip. Marta Maffei y Carlos Raimundi señalando la oposición del Bloque de Diputados Nacionales del ARI al envió de tropas a Haití.

- Pensión vitalicia a ex combatientes de la guerra de Malvinas. Modificación sobre los montos de beneficio.


Podemos ver en los temas repasados que las medidas del Gobierno Nacional para el área han incluido aquellas propuestas que en el 2003 habíamos presentado a la sociedad.

La reglamentación de la Ley de Defensa Nacional ha abierto el camino para muchas iniciativas que estaban postergadas a pesar de haber adquirido un grado de consenso político y académico del cual el ARI es parte.

Creemos que a partir de este escenario favorable al debate y a la propuesta, es tiempo de que propongamos la profundización de algunos procesos que consideramos indispensables para la agenda quizá de los próximos 20 años.

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