lunes, 18 de diciembre de 2006
Introducción:
Hay dos hechos históricos de nuestro país relacionados entre sí que pusieron en crisis todas las concepciones previas sobre la Defensa Nacional, tanto en el ámbito civil como en el militar.
Por un lado, la última dictadura militar constituyó el periodo en el cual las fuerzas armadas como nunca antes en la historia argentina encontraron desvirtuado su rol, función y objetivos.
Si bien a lo largo del siglo pasado las FFAA se habían atribuido roles impensables en cualquier estado moderno (político, empresario y hasta gremial), el golpe de estado de 1976 significó poner en marcha, en la plenitud de su desarrollo, el aparato que en todos los años anteriores se venia construyendo siguiendo la denominada “doctrina se seguridad nacional”. Esta doctrina, emanada desde los más altos organismos estatales de Estados Unidos, reconvirtió la integralidad de su doctrina (despliegue, alistamiento, adiestramiento y apertrechamiento) hacia la función de control social y político interno en el marco de la lucha por esferas de influencia a nivel mundial entre EEUU y la Unión Soviética.
Por otro lado, la Guerra de Malvinas en 1982, fue la primera oportunidad en la cual nuestras FFAA se vieron ante el hecho de tener que enfrentar en un conflicto convencional moderno a las fuerzas de otro estado. Las fallas en inteligencia, doctrina, armamento y planeamiento estratégico evidenciaron la incapacidad de nuestro instrumento militar para garantizar una defensa eficiente de los intereses nacionales
En los años siguientes a la recuperación de la democracia los trabajos sobre este área estuvieron relacionados con las conclusiones extraídas de esas experiencias históricas recientes. De esta manera, las relaciones cívico-militares fueron un eje fundamental en el estudio de los temas militares viendo como la sujeción de las FFAA a la constitución había resultado no ser la regla, sino la excepción.
Al mismo tiempo, las criticas a las doctrinas elaboradas en la primera mitad del siglo aumentaban planteando la falta de vigencia practica de unas FFAA divididas en tres, débilmente coordinadas y transformadas en compartimentos estancos capaces de establecer cada una por separado sus prioridades en cuanto a necesidades de recursos, equipamiento, prioridades, inteligencia estratégica, etc.
Las conclusiones de estos análisis conforman un consenso más o menos extendido entre los estudiosos del tema que, sumado a las realidades y coyunturas políticas que siguieron a 1983, determinaron que se transforme en un consenso político sobre las reformas a implementar convirtiendo a la Defensa Nacional en una de las pocas áreas de gobierno donde, a pesar de su lentitud e inconstancia, se pueden observar, hasta la fecha, continuidades por lo menos en los trazos gruesos en las políticas oficiales.
Documentos políticos oficiales emanados del Ministerio de Defensa (“Libro Blanco de la Defensa Nacional”, “Revisión 2001”, “La defensa Nacional en la Agenda Democrática”, etc.) presentan claramente algunas de estas continuidades en lo que hace a reformas que vayan hacia una reducción cuantitativa de las fuerzas, profesionalización de sus cuadros, adaptación a esquemas conjuntos de organización y operación y una simplificación burocrática del área tanto en el campo militar como en los organismos civiles.
A pesar de los consensos ampliamente alcanzados sobre las políticas de Estado a aplicar en el área de defensa y mas específicamente en el campo militar, las sucesivas administraciones no han realizado las reformas necesarias, mas allá de adherir retóricamente a ellas, con la celeridad que el estado desesperante de nuestra defensa reclama.
Como escribe Thomas Scheetz “(En argentina) hay pocos civiles con conocimientos del quehacer militar y a la política militar ha sido manejado con clientelismo como “botín de guerra política”, con ministros nombrados que nada saben de defensa. Esta situación encubre una enorme carga política en no reconocer la intencionalidad y responsabilidad política culposa en no resolver los serios deficits en las fuerzas armadas. Más bien estamos frente a las evidencias, no de una falta de política militar, sino de una muy concreta pero de otra naturaleza perversa, una que lucra con este aparato del Estado, en vez de rectificar su rumbo, poniéndolo al servicio de la nación”.
Esta pequeña presentación que presentamos hoy propone líneas de trabajo que todavía es necesario desarrollar pero que ya podemos adelantar en forma resumida para la discusión conjunta.
Por un lado, la última dictadura militar constituyó el periodo en el cual las fuerzas armadas como nunca antes en la historia argentina encontraron desvirtuado su rol, función y objetivos.
Si bien a lo largo del siglo pasado las FFAA se habían atribuido roles impensables en cualquier estado moderno (político, empresario y hasta gremial), el golpe de estado de 1976 significó poner en marcha, en la plenitud de su desarrollo, el aparato que en todos los años anteriores se venia construyendo siguiendo la denominada “doctrina se seguridad nacional”. Esta doctrina, emanada desde los más altos organismos estatales de Estados Unidos, reconvirtió la integralidad de su doctrina (despliegue, alistamiento, adiestramiento y apertrechamiento) hacia la función de control social y político interno en el marco de la lucha por esferas de influencia a nivel mundial entre EEUU y la Unión Soviética.
Por otro lado, la Guerra de Malvinas en 1982, fue la primera oportunidad en la cual nuestras FFAA se vieron ante el hecho de tener que enfrentar en un conflicto convencional moderno a las fuerzas de otro estado. Las fallas en inteligencia, doctrina, armamento y planeamiento estratégico evidenciaron la incapacidad de nuestro instrumento militar para garantizar una defensa eficiente de los intereses nacionales
En los años siguientes a la recuperación de la democracia los trabajos sobre este área estuvieron relacionados con las conclusiones extraídas de esas experiencias históricas recientes. De esta manera, las relaciones cívico-militares fueron un eje fundamental en el estudio de los temas militares viendo como la sujeción de las FFAA a la constitución había resultado no ser la regla, sino la excepción.
Al mismo tiempo, las criticas a las doctrinas elaboradas en la primera mitad del siglo aumentaban planteando la falta de vigencia practica de unas FFAA divididas en tres, débilmente coordinadas y transformadas en compartimentos estancos capaces de establecer cada una por separado sus prioridades en cuanto a necesidades de recursos, equipamiento, prioridades, inteligencia estratégica, etc.
Las conclusiones de estos análisis conforman un consenso más o menos extendido entre los estudiosos del tema que, sumado a las realidades y coyunturas políticas que siguieron a 1983, determinaron que se transforme en un consenso político sobre las reformas a implementar convirtiendo a la Defensa Nacional en una de las pocas áreas de gobierno donde, a pesar de su lentitud e inconstancia, se pueden observar, hasta la fecha, continuidades por lo menos en los trazos gruesos en las políticas oficiales.
Documentos políticos oficiales emanados del Ministerio de Defensa (“Libro Blanco de la Defensa Nacional”, “Revisión 2001”, “La defensa Nacional en la Agenda Democrática”, etc.) presentan claramente algunas de estas continuidades en lo que hace a reformas que vayan hacia una reducción cuantitativa de las fuerzas, profesionalización de sus cuadros, adaptación a esquemas conjuntos de organización y operación y una simplificación burocrática del área tanto en el campo militar como en los organismos civiles.
A pesar de los consensos ampliamente alcanzados sobre las políticas de Estado a aplicar en el área de defensa y mas específicamente en el campo militar, las sucesivas administraciones no han realizado las reformas necesarias, mas allá de adherir retóricamente a ellas, con la celeridad que el estado desesperante de nuestra defensa reclama.
Como escribe Thomas Scheetz “(En argentina) hay pocos civiles con conocimientos del quehacer militar y a la política militar ha sido manejado con clientelismo como “botín de guerra política”, con ministros nombrados que nada saben de defensa. Esta situación encubre una enorme carga política en no reconocer la intencionalidad y responsabilidad política culposa en no resolver los serios deficits en las fuerzas armadas. Más bien estamos frente a las evidencias, no de una falta de política militar, sino de una muy concreta pero de otra naturaleza perversa, una que lucra con este aparato del Estado, en vez de rectificar su rumbo, poniéndolo al servicio de la nación”.
Esta pequeña presentación que presentamos hoy propone líneas de trabajo que todavía es necesario desarrollar pero que ya podemos adelantar en forma resumida para la discusión conjunta.
Actualidad del Área y Propuestas 2003
Varios de los puntos desarrollados en la plataforma del año 2003 estaban inspirados en el tipo de análisis que antes describíamos.
Con aquella plataforma podemos coincidir y señalar como importantes lineamientos generales para seguir subrayando:
- La visión integral de la defensa, no solo dependiente de nuestras armas sino del bienestar de los ciudadanos y de la pujanza de la Nación.
- La necesidad de trabajar hacia un modelo de Seguridad Cooperativa Regional en el marco del MERCOSUR.
En cuanto a las propuestas concretas que planteáramos como partido en 2003, encontramos que ciertas políticas propuestas fueron ya implementadas por la gestión actual (Mstra. Garré).
Esta gestión “reactivó” el área, continuando reformas que habían quedado pendientes desde hace 18 años (1988) cuando se sancionó con un consenso parlamentario absoluto la Ley de Defensa Nacional (24.554)
Con la firma del decreto de reglamentación de esta ley, en junio del corriente año, se pusieron en marcha muchas de nuestras propuestas que se sintetizaban en el cumplimiento y reglamentación de la ley de 1988.
Se puso en funcionamiento el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) integrado por el Presidente de la Nación, el Ministro de Defensa, el Jefe de Estado Mayor Conjunto y los Jefes de Estado Mayor Generales de cada Fuerza. Se creó también la Secretaria del CODENA, organismo encargado del funcionamiento administrativo y ejecutivo del Consejo.
La función del CODENA es la “asistencia y asesoramiento al PRESIDENTE DE LA NACION en cuestiones relativas a la determinación de los lineamientos básicos de la política de defensa nacional, especialmente a través del diseño y elaboración de informes, evaluaciones, dictámenes y proyectos periódicos y especiales para la determinación de situaciones de riesgo que puedan afectar la soberanía e independencia nacional, proponiendo en tales casos las medidas y/o acciones que se estimen necesarias para su resolución.”
Siguiendo esta reglamentación, el Poder Ejecutivo de la Nación le requirió al CODENA que, en cumplimiento de su misión, le prepare un diagnóstico comprensivo de la situación estratégica nacional, en el cual se especifiquen y describan los actores, las situaciones y las tendencias que, tanto en el ámbito global como regional, puedan interesar a la defensa nacional.
En la plataforma 2003 se proponía reorganizar el Ministerio de Defensa dando prioridad a las capacidades técnicas del personal. En este sentido, reafirmamos la necesidad de una reforma de la Escuela de Defensa Nacional, dependiente del Ministerio, para que pueda constituirse en el organismo de implementación de un Servicio Civil de Defensa.
Un elemento más que contenía nuestra propuesta era la anulación de las leyes denominadas “De obediencia debida” y “Punto final”, anulación que ya fue aprobada por el Congreso Nacional.
Por otro lado, la gestión Garré avanzó hacia medidas que perfilaban un mayor control civil de los asuntos militares, percibidos durante mucho años como una verdadera “caja negra” ajena a la incumbencia de las autoridades civiles.
No esta demás aclarar que si bien estas medidas fueron llevadas a cabo mas allá de sus anuncios, la verificación sobre su implementación hace necesarias algunas entrevistas sobre las cuales estamos actualmente trabajando.
Sobre el ámbito de la Inteligencia Militar fueron varias las medidas tomadas por la Ministra:
- Pedido de informe y revisión de todos los planes de inteligencia de todos los niveles del ministerio y sus dependencias (incluidas las tres Armas) con el objetivo de: “compatibilizar, adecuar, y actualizar los documentos mencionados de acuerdo al marco legal vigente, que prohíbe la realización de tareas de inteligencia interna a las fuerzas armadas por ser una violación a las leyes de defensa nacional y seguridad interior.”
- La Fuerza Aérea Argentina ordenó, a través de su Jefatura de Estado Mayor General, clausurar los destacamentos Regionales de Inteligencia “Litoral”, “Oeste”, “Sur”, “Córdoba” y “Capital Federal” y encargó a su Jefatura II de Inteligencia estudiar y proponer las tareas, funciones y estructura orgánica de las nuevas Unidades a crearse en su reemplazo.
- El PEN, por medio del Decreto Nº 1076/06 delegó a la titular del Ministerio de Defensa la facultad de acceder a la información vinculada a las actividades de Inteligencia Estratégica Militar, al personal, a la documentación y a los bancos de datos de los organismos afectados a esas funciones, en cumplimiento de las atribuciones que le otorga la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).
La ministra también promovió un proyecto de reforma de la justicia militar que promueve la aplicación de la justicia federal para caso de delitos de miembros de la fuerza, la creación de un proceso penal-militar para tiempo de guerra o situaciones de conflicto y establece un Código Disciplinario para las actuaciones administrativas.
Se avanzó en medidas tendientes a suprimir elementos de la normativa vigente que puedan incurrir en discriminación de género en el ámbito de las FFAA:
- Se resolvió instruir a los jefes de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas para que sean admitidas en las instituciones educativas militares las mujeres con hijos o embarazadas
- Se elevó desde el Ministerio a la Presidencia de la Nación un proyecto de decreto para la derogación de un artículo de la ley 24.429 que impide a personas con hijos ingresar al Servicio Militar Voluntario.
En cuanto a la promoción de la “conjuntéz”, esto es, el planeamiento y organización conjunta de las tres armas siguiendo criterios de eficiencia presupuestaria y operacional, el Ministerio anunció la creación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta.
Con este organismo se pretende avanzar en el desarrollo conjunto de la organización y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, y se complementará la actividad que desarrollan las Escuelas Superiores de Guerra de las tres fuerzas, desde la perspectiva de la acción conjunta. En la creación de este organismo colaborará el Servicio Exterior de la Nación y la Universidad Publica.
También se expresó la voluntad de estrechar los vínculos con las universidades nacionales en cuanto a la formación de cuadros militares y a una adecuación de los planes de estudios incluyendo temáticas de DDHH, Derecho Internacional Humanitario superando antíguos enfoques autoritarios.
En una presentación de funcionarios del Ministerio con los miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, fueron presentadas la mayoría de estas medidas teniendo amplia aprobación por parte de los diputados presentes, incluyendo la del Dip. Raimundi, del ARI.
El ARI también dispuso su voto para la media sanción del proyecto de Ley de Procuración de Medios para la Defensa (expte. 795-D-06).
Sin embargo, hubo un pedido expreso del Dip. Adrián Pérez para que se incluya un articulo que restituía la Dirección General de Fabricaciones Militares a su ámbito natural del Ministerio de Defensa ante “versiones acerca de que estas empresas de la Dirección de Fabricaciones Militares serían convertidas en sociedades anónimas o resultarían transferidas al Ministerio de Planificación, al estilo de lo que se hizo con AySA, ENARSA y ARSAT”. El diputado Villaverde – autor del proyecto – sostuvo el compromiso de la Ministra Garré de descartar toda posibilidad de privatizar o transformar en sociedad anónima alguna de las empresas que componen la Dirección.
Mediante Decreto Presidencial, finalmente, Fabricaciones Militares quedo bajo la orbita del Ministerio de Planificación que, junto a el traspaso del Comando de Regiones Aéreas al Ministerio de Planificación, implicaron un avance del Ministro Julio De Vido sobre el área militar.
Si bien estas intervenciones del Ministro De Vido constituyen una injerencia directa en asuntos relacionados con la Defensa, entendemos que su lógica excede las posibilidades explicativas de esta presentación.
En todo caso, obedece a un “estilo” organizacional propio del patrimonialismo que establece solo vínculos “radiales” entre las áreas y el Jefe del Ejecutivo, haciendo imposible toda coordinación horizontal y ordenada de las dependencias del gobierno. De esta manera, no podemos conocer a ciencia cierta el mecanismo de toma de decisiones en temas claves como los referidos, para poder situarlos dentro de las políticas específicamente emanadas desde el área estudiada o no.
Por último, el nombramiento de un antiguo adversario provincial del Presidente Kirchner´(Arturo Puricelli, ex gobernador de Santa Cruz y referente menemista) al frente de la “relocalizada” Dirección de Fabricaciones Militares, desconcierta sobre que tipo de racionalidad es empleada por el Poder Ejecutivo Nacional para áreas de interés estratégico elemental.
Iniciativas legislativas del ARI
Las iniciativas legislativas del ARI relacionadas con el Área de Defensa no plantean políticas ejecutivas para el área. Sin embargo, entre las más relevantes podemos encontrar:
- Pedido de Destitución del Jefe de Estado Mayor Conjunto, Roberto Bendini “en razón de las contundentes probanzas en su contra que existen en la causa penal en la que se lo investiga por la comisión de delitos contra la administración pública, que condujeron a la Justicia Federal de Río Gallegos a citarlo a declaración indagatoria, y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a acusarlo de haber cometido el delito de peculado” realizado por el Dip. Adrián Pérez.
- Atención Médica Integral para Veteranos de Guerra - Ex Combatientes de Malvinas y Atlántico Sur, por la Dip. Elisa Carrió.
- Transferir la Dirección General de Fabricaciones Militares a la orbita del Ministerio de Defensa, por el Dip. Adrián Pérez.
- Intervenciones de los Dip. Marta Maffei y Carlos Raimundi señalando la oposición del Bloque de Diputados Nacionales del ARI al envió de tropas a Haití.
- Pensión vitalicia a ex combatientes de la guerra de Malvinas. Modificación sobre los montos de beneficio.
Podemos ver en los temas repasados que las medidas del Gobierno Nacional para el área han incluido aquellas propuestas que en el 2003 habíamos presentado a la sociedad.
La reglamentación de la Ley de Defensa Nacional ha abierto el camino para muchas iniciativas que estaban postergadas a pesar de haber adquirido un grado de consenso político y académico del cual el ARI es parte.
Creemos que a partir de este escenario favorable al debate y a la propuesta, es tiempo de que propongamos la profundización de algunos procesos que consideramos indispensables para la agenda quizá de los próximos 20 años.
Con aquella plataforma podemos coincidir y señalar como importantes lineamientos generales para seguir subrayando:
- La visión integral de la defensa, no solo dependiente de nuestras armas sino del bienestar de los ciudadanos y de la pujanza de la Nación.
- La necesidad de trabajar hacia un modelo de Seguridad Cooperativa Regional en el marco del MERCOSUR.
En cuanto a las propuestas concretas que planteáramos como partido en 2003, encontramos que ciertas políticas propuestas fueron ya implementadas por la gestión actual (Mstra. Garré).
Esta gestión “reactivó” el área, continuando reformas que habían quedado pendientes desde hace 18 años (1988) cuando se sancionó con un consenso parlamentario absoluto la Ley de Defensa Nacional (24.554)
Con la firma del decreto de reglamentación de esta ley, en junio del corriente año, se pusieron en marcha muchas de nuestras propuestas que se sintetizaban en el cumplimiento y reglamentación de la ley de 1988.
Se puso en funcionamiento el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) integrado por el Presidente de la Nación, el Ministro de Defensa, el Jefe de Estado Mayor Conjunto y los Jefes de Estado Mayor Generales de cada Fuerza. Se creó también la Secretaria del CODENA, organismo encargado del funcionamiento administrativo y ejecutivo del Consejo.
La función del CODENA es la “asistencia y asesoramiento al PRESIDENTE DE LA NACION en cuestiones relativas a la determinación de los lineamientos básicos de la política de defensa nacional, especialmente a través del diseño y elaboración de informes, evaluaciones, dictámenes y proyectos periódicos y especiales para la determinación de situaciones de riesgo que puedan afectar la soberanía e independencia nacional, proponiendo en tales casos las medidas y/o acciones que se estimen necesarias para su resolución.”
Siguiendo esta reglamentación, el Poder Ejecutivo de la Nación le requirió al CODENA que, en cumplimiento de su misión, le prepare un diagnóstico comprensivo de la situación estratégica nacional, en el cual se especifiquen y describan los actores, las situaciones y las tendencias que, tanto en el ámbito global como regional, puedan interesar a la defensa nacional.
En la plataforma 2003 se proponía reorganizar el Ministerio de Defensa dando prioridad a las capacidades técnicas del personal. En este sentido, reafirmamos la necesidad de una reforma de la Escuela de Defensa Nacional, dependiente del Ministerio, para que pueda constituirse en el organismo de implementación de un Servicio Civil de Defensa.
Un elemento más que contenía nuestra propuesta era la anulación de las leyes denominadas “De obediencia debida” y “Punto final”, anulación que ya fue aprobada por el Congreso Nacional.
Por otro lado, la gestión Garré avanzó hacia medidas que perfilaban un mayor control civil de los asuntos militares, percibidos durante mucho años como una verdadera “caja negra” ajena a la incumbencia de las autoridades civiles.
No esta demás aclarar que si bien estas medidas fueron llevadas a cabo mas allá de sus anuncios, la verificación sobre su implementación hace necesarias algunas entrevistas sobre las cuales estamos actualmente trabajando.
Sobre el ámbito de la Inteligencia Militar fueron varias las medidas tomadas por la Ministra:
- Pedido de informe y revisión de todos los planes de inteligencia de todos los niveles del ministerio y sus dependencias (incluidas las tres Armas) con el objetivo de: “compatibilizar, adecuar, y actualizar los documentos mencionados de acuerdo al marco legal vigente, que prohíbe la realización de tareas de inteligencia interna a las fuerzas armadas por ser una violación a las leyes de defensa nacional y seguridad interior.”
- La Fuerza Aérea Argentina ordenó, a través de su Jefatura de Estado Mayor General, clausurar los destacamentos Regionales de Inteligencia “Litoral”, “Oeste”, “Sur”, “Córdoba” y “Capital Federal” y encargó a su Jefatura II de Inteligencia estudiar y proponer las tareas, funciones y estructura orgánica de las nuevas Unidades a crearse en su reemplazo.
- El PEN, por medio del Decreto Nº 1076/06 delegó a la titular del Ministerio de Defensa la facultad de acceder a la información vinculada a las actividades de Inteligencia Estratégica Militar, al personal, a la documentación y a los bancos de datos de los organismos afectados a esas funciones, en cumplimiento de las atribuciones que le otorga la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).
La ministra también promovió un proyecto de reforma de la justicia militar que promueve la aplicación de la justicia federal para caso de delitos de miembros de la fuerza, la creación de un proceso penal-militar para tiempo de guerra o situaciones de conflicto y establece un Código Disciplinario para las actuaciones administrativas.
Se avanzó en medidas tendientes a suprimir elementos de la normativa vigente que puedan incurrir en discriminación de género en el ámbito de las FFAA:
- Se resolvió instruir a los jefes de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas para que sean admitidas en las instituciones educativas militares las mujeres con hijos o embarazadas
- Se elevó desde el Ministerio a la Presidencia de la Nación un proyecto de decreto para la derogación de un artículo de la ley 24.429 que impide a personas con hijos ingresar al Servicio Militar Voluntario.
En cuanto a la promoción de la “conjuntéz”, esto es, el planeamiento y organización conjunta de las tres armas siguiendo criterios de eficiencia presupuestaria y operacional, el Ministerio anunció la creación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta.
Con este organismo se pretende avanzar en el desarrollo conjunto de la organización y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, y se complementará la actividad que desarrollan las Escuelas Superiores de Guerra de las tres fuerzas, desde la perspectiva de la acción conjunta. En la creación de este organismo colaborará el Servicio Exterior de la Nación y la Universidad Publica.
También se expresó la voluntad de estrechar los vínculos con las universidades nacionales en cuanto a la formación de cuadros militares y a una adecuación de los planes de estudios incluyendo temáticas de DDHH, Derecho Internacional Humanitario superando antíguos enfoques autoritarios.
En una presentación de funcionarios del Ministerio con los miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, fueron presentadas la mayoría de estas medidas teniendo amplia aprobación por parte de los diputados presentes, incluyendo la del Dip. Raimundi, del ARI.
El ARI también dispuso su voto para la media sanción del proyecto de Ley de Procuración de Medios para la Defensa (expte. 795-D-06).
Sin embargo, hubo un pedido expreso del Dip. Adrián Pérez para que se incluya un articulo que restituía la Dirección General de Fabricaciones Militares a su ámbito natural del Ministerio de Defensa ante “versiones acerca de que estas empresas de la Dirección de Fabricaciones Militares serían convertidas en sociedades anónimas o resultarían transferidas al Ministerio de Planificación, al estilo de lo que se hizo con AySA, ENARSA y ARSAT”. El diputado Villaverde – autor del proyecto – sostuvo el compromiso de la Ministra Garré de descartar toda posibilidad de privatizar o transformar en sociedad anónima alguna de las empresas que componen la Dirección.
Mediante Decreto Presidencial, finalmente, Fabricaciones Militares quedo bajo la orbita del Ministerio de Planificación que, junto a el traspaso del Comando de Regiones Aéreas al Ministerio de Planificación, implicaron un avance del Ministro Julio De Vido sobre el área militar.
Si bien estas intervenciones del Ministro De Vido constituyen una injerencia directa en asuntos relacionados con la Defensa, entendemos que su lógica excede las posibilidades explicativas de esta presentación.
En todo caso, obedece a un “estilo” organizacional propio del patrimonialismo que establece solo vínculos “radiales” entre las áreas y el Jefe del Ejecutivo, haciendo imposible toda coordinación horizontal y ordenada de las dependencias del gobierno. De esta manera, no podemos conocer a ciencia cierta el mecanismo de toma de decisiones en temas claves como los referidos, para poder situarlos dentro de las políticas específicamente emanadas desde el área estudiada o no.
Por último, el nombramiento de un antiguo adversario provincial del Presidente Kirchner´(Arturo Puricelli, ex gobernador de Santa Cruz y referente menemista) al frente de la “relocalizada” Dirección de Fabricaciones Militares, desconcierta sobre que tipo de racionalidad es empleada por el Poder Ejecutivo Nacional para áreas de interés estratégico elemental.
Iniciativas legislativas del ARI
Las iniciativas legislativas del ARI relacionadas con el Área de Defensa no plantean políticas ejecutivas para el área. Sin embargo, entre las más relevantes podemos encontrar:
- Pedido de Destitución del Jefe de Estado Mayor Conjunto, Roberto Bendini “en razón de las contundentes probanzas en su contra que existen en la causa penal en la que se lo investiga por la comisión de delitos contra la administración pública, que condujeron a la Justicia Federal de Río Gallegos a citarlo a declaración indagatoria, y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a acusarlo de haber cometido el delito de peculado” realizado por el Dip. Adrián Pérez.
- Atención Médica Integral para Veteranos de Guerra - Ex Combatientes de Malvinas y Atlántico Sur, por la Dip. Elisa Carrió.
- Transferir la Dirección General de Fabricaciones Militares a la orbita del Ministerio de Defensa, por el Dip. Adrián Pérez.
- Intervenciones de los Dip. Marta Maffei y Carlos Raimundi señalando la oposición del Bloque de Diputados Nacionales del ARI al envió de tropas a Haití.
- Pensión vitalicia a ex combatientes de la guerra de Malvinas. Modificación sobre los montos de beneficio.
Podemos ver en los temas repasados que las medidas del Gobierno Nacional para el área han incluido aquellas propuestas que en el 2003 habíamos presentado a la sociedad.
La reglamentación de la Ley de Defensa Nacional ha abierto el camino para muchas iniciativas que estaban postergadas a pesar de haber adquirido un grado de consenso político y académico del cual el ARI es parte.
Creemos que a partir de este escenario favorable al debate y a la propuesta, es tiempo de que propongamos la profundización de algunos procesos que consideramos indispensables para la agenda quizá de los próximos 20 años.
Lineamientos Generales para la Propuesta 2007
Esquemáticamente podemos definir dos líneas principales que agrupan nuestras propuestas de política:
- Profundizar y llevar al mayor desarrollo posible la visión estratégica de la Defensa No-Provocativa en el marco de una complementación regional sudamericana.
- Adoptar como eje de nuestra visión estratégica a los recursos naturales como bien soberano prioritario a ser protegido por el Sistema de Defensa Nacional (y un eventual sistema regional).
La Visión de la Defensa No-Provocativa
Este concepto en cuanto a estrategia de defensa es definida por Thomas Scheetz como “una nueva actitud estratégica militar”. En su libro “Defensa No Provocativa, una propuesta de reforma militar para la Argentina” la puntualiza de la siguiente manera:
“La actitud de defensa no-provocativa es una política militar de acuerdo con la cual la concepción estratégica militar y operacional, la magnitud y la composición, la organización y el equipamiento, la logística, el adiestramiento, las comunicaciones, y el despliegue del poder militar deben ser tales que, sin ambigüedades, sean capaces de defender eficazmente el propio patrimonio territorial, pero a la vez, y también sin ambigüedades, deben carecer de capacidad de operar ofensivamente mas allá de las propias fronteras.
La defensa no-provocativa busca distender una situación de enfrentamiento que en cualquier momento puede estallar en conflicto armado, aun cuando ambos bandos hubieran preferido que no sucediera. Ella constituye una contribución decisiva para cesar una carrera armamentista basada en mutuos recelos y desconfianzas acerca las verdaderas intenciones del oponente. Asimismo, esta actitud puede considerarse como una invitación a que el otro bando responda de igual manera, como primer paso para asegurarse una paz duradera y fructífera.”
Entendemos que esta visión estratégica para nuestra defensa nacional es la mas apropiada teniendo en cuenta las realidades geopolíticas de nuestro país y la región sudamericana.
A lo largo de todo el siglo XX la hipótesis de conflicto que ha manejado nuestra inteligencia estratégica militar, ha sido la de un enfrentamiento fronterizo terrestre con nuestros estados vecinos más importantes, Brasil y Chile. Larga es la historia de avances y retrocesos en el proceso de resolución de conflictos con el país trasandino, pero con seguridad podemos afirmar que hoy, ya entrada la primera década del siglo XXI esas amenazas están prácticamente desterradas de los escenarios supuestos y, afortunadamente, del imaginario social cotidiano.
Esta realidad fundamental sumada a la necesidad de una racionalización urgente de los recursos destinados a la defensa, hace imperiosa una reducción de la densidad (cantidad) de las fuerzas, pero un aumento de la capacidad disuasiva de las mismas.
En palabras de Scheetz, esta idea avanza por la “posibilidad de suprimir en el propio dispositivo de defensa, todos los elementos de proyección ofensiva en el marco estratégico operacional (bombarderos, misiles de largo y mediano alcance, etc.), con la finalidad de convencer al oponente de que la propia actitud es neta y exclusivamente defensiva, y tratar (si es preciso negociando) que simultáneamente, él adopte la misma determinación”.
En ese sentido, sin necesidad de cambios abruptos en el actual presupuesto para el área (5.800 millones, el menor de la región en términos de puntos porcentuales del PBI), se podría destinar una gran cantidad de recursos a la obtención de sistemas de armas modernos que garanticen esa disuasión defensiva.
Los requisitos principales para la adopción de la actitud de defensa no-provocativa son:
- Coordinar minuciosamente las acciones diplomáticas con los otros países de la región y con organismos internacionales (ONU, OEA) con el fin de clarificar la adopción de esta disposición estratégica y promover acciones reciprocas de los otros países para que vayan adoptando medidas similares de reconversión de estrategia. En la región una opción generalizada por esta doctrina aliviaría los presupuestos nacionales abandonando las pequeñas carreras armamentísticas en las que incurren cíclicamente nuestros estados hermanos.
- Intensificar y efectivizar la inteligencia estratégica para prevenir amenazas, para conocer las reacciones y para preparar el planeamiento militar. Es deseable, y nuestro país cuenta con la tecnología para ello, contar con un satélite propio de múltiple propósito o un sistema similar de inteligencia electrónica aérea.
- Acceder a nuevos conceptos y formas de racionalización administrativas como medio de volcar la mayor cantidad de recursos presupuestarios posibles al mantenimiento de la más alta capacidad operacional posible y la obtención de los medios más modernos.
Concebimos la adopción de esta política de defensa en el marco de un grado mayor de compromiso de integración con los países de la región trabajando hacia una verdadera complementación de los sistemas nacionales de defensa de todos nuestros países. Pero sin dudas creemos que primero debemos procurar recomponer la capacidad operativa real de nuestras fuerzas armadas, antes de proponer una complementación con algún aliado regional (o sea, presentar “algo” que complementar).
Creemos que la implementación de una estrategia de Defensa No-Provocativa pasaría a constituirse simultáneamente en causa y efecto del continuo proceso de integración económica, cultural, social y política de nuestros estados sudamericanos. Estados hermanos cuyo destino inexorable debe ser unirse ante la evidencia de problemáticas comunes y la existencia de debilidades solo subsanables mediante la complementación regional.
Recursos Naturales y Defensa Nacional
Consideramos importantísimo vincular el carácter estratégico de los recursos naturales con la problemática de la Defensa Nacional comprendida desde una conceptualización más amplia, integral, que sea capaz de pensar la forma de organizar el control, manejo racional y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables.
En tal sentido, no proponemos solo el uso del instrumento militar –si bien es el componente central de las estructuras de la Defensa del país y tiene como función específica la respuesta ante una posible agresión armada- sino que lo concebimos como un elemento más que tiene responsabilidades junto al componente civil responsable de dirigir las políticas públicas en el área.
La visión sobre una substancial reforma y un nuevo rol de las FFAA paulatinamente se va instalando en la doctrina de defensa: En el cierre de unos ejercicios militares realizados en Misiones a fines de septiembre de 2006, el Jefe del Ejército argentino General Roberto Bendini manifestó públicamente la necesidad de modificar estructuralmente las características del planeamiento militar, adiestramiento y despliegue de las fuerzas de tierra de la República Argentina.
Asociado a esa nueva visión que se intenta instalar públicamente aparece en el escenario de la planificación estratégica la cuestión de los recursos naturales críticos para el desarrollo del país –hidrocarburos, agua, minerales, entre otros - caracterizados como estratégicos para la Nación argentina.
Se señala que “En la planificación militar, hace ya un tiempo que los recursos naturales son tenidos en cuenta como una creciente hipótesis de conflictos futuros en la región. De hecho, el ejercicio Hermandad, realizado con otros ejércitos sudamericanos, tenía como motivo la defensa ante la invasión de un país indeterminado, carente de hidrocarburos y con sus reservas de agua contaminadas.”
En efecto, esta planificación -que se cruza con percepciones de amenazas futuras vinculadas a la degradación, contaminación y escasez de los recursos naturales críticos- se vincula, a su vez, con un proyecto de reestructuración del Ejército argentino denominado Plan 2025. En tal sentido, Bendini manifestó que, entre otros cambios probables, “Las Divisiones tendrán comandos más chicos y operativos y cada una abarcará un ambiente geográfico particular, con el mismo tipo de unidades: Noreste, de Monte; Oeste, de Montaña; y Sur, de Desierto Patagónico. Se transformará la manera de operar, con fuerzas más chicas, entrenamiento especial y capacidad de operar en forma independiente.”
Estas declaraciones y manifestaciones públicas exteriorizan un estado de debate que se está generando en la presente coyuntura político-institucional y que esperamos que puede llegar a conformar un escenario de deliberaciones dinámico, prolongado y que sea realmente participativo.
Creemos que el actual momento que estamos viviendo no sólo en el país sino en la región, en donde la planificación sobre los recursos naturales y energéticos se está transformando en un eje de los debates político-institucionales sudamericanos, es especialmente propicio para empezar a estudiar la vinculación estratégica del control, el manejo racional y la preservación de recursos naturales críticos con las funciones y tareas esenciales de la Defensa Nacional.
Como casos típicos observamos, por ejemplo, el del Acuífero Guaraní o de las reservas minerales y de biodiversidad del país.
En tal sentido, se señalan por lo menos tres ejes de objetivos generales que se perseguirán en esta propuesta.
- Explorar los vínculos entre los recursos naturales como bienes estratégicos y la necesidad vital de planificar su manejo racional y asegurar su preservación y control como tareas prioritarias de la Defensa Nacional.
- Tener presente como una herramienta insoslayable las funciones que tanto el instrumento militar como los componentes civiles de la Defensa pueden desempeñar en la protección de estos recursos como intereses estratégicos de la Nación Argentina.
- Conocer la situación de los recursos naturales en el orden global, regional y nacional desde una perspectiva geopolítica (uso racional y sostenible, propiedad y administración del recurso, disponibilidad y distribución, carácter estratégico del mismo, implicancias sobre la demografía y la calidad de vida).
- Profundizar y llevar al mayor desarrollo posible la visión estratégica de la Defensa No-Provocativa en el marco de una complementación regional sudamericana.
- Adoptar como eje de nuestra visión estratégica a los recursos naturales como bien soberano prioritario a ser protegido por el Sistema de Defensa Nacional (y un eventual sistema regional).
La Visión de la Defensa No-Provocativa
Este concepto en cuanto a estrategia de defensa es definida por Thomas Scheetz como “una nueva actitud estratégica militar”. En su libro “Defensa No Provocativa, una propuesta de reforma militar para la Argentina” la puntualiza de la siguiente manera:
“La actitud de defensa no-provocativa es una política militar de acuerdo con la cual la concepción estratégica militar y operacional, la magnitud y la composición, la organización y el equipamiento, la logística, el adiestramiento, las comunicaciones, y el despliegue del poder militar deben ser tales que, sin ambigüedades, sean capaces de defender eficazmente el propio patrimonio territorial, pero a la vez, y también sin ambigüedades, deben carecer de capacidad de operar ofensivamente mas allá de las propias fronteras.
La defensa no-provocativa busca distender una situación de enfrentamiento que en cualquier momento puede estallar en conflicto armado, aun cuando ambos bandos hubieran preferido que no sucediera. Ella constituye una contribución decisiva para cesar una carrera armamentista basada en mutuos recelos y desconfianzas acerca las verdaderas intenciones del oponente. Asimismo, esta actitud puede considerarse como una invitación a que el otro bando responda de igual manera, como primer paso para asegurarse una paz duradera y fructífera.”
Entendemos que esta visión estratégica para nuestra defensa nacional es la mas apropiada teniendo en cuenta las realidades geopolíticas de nuestro país y la región sudamericana.
A lo largo de todo el siglo XX la hipótesis de conflicto que ha manejado nuestra inteligencia estratégica militar, ha sido la de un enfrentamiento fronterizo terrestre con nuestros estados vecinos más importantes, Brasil y Chile. Larga es la historia de avances y retrocesos en el proceso de resolución de conflictos con el país trasandino, pero con seguridad podemos afirmar que hoy, ya entrada la primera década del siglo XXI esas amenazas están prácticamente desterradas de los escenarios supuestos y, afortunadamente, del imaginario social cotidiano.
Esta realidad fundamental sumada a la necesidad de una racionalización urgente de los recursos destinados a la defensa, hace imperiosa una reducción de la densidad (cantidad) de las fuerzas, pero un aumento de la capacidad disuasiva de las mismas.
En palabras de Scheetz, esta idea avanza por la “posibilidad de suprimir en el propio dispositivo de defensa, todos los elementos de proyección ofensiva en el marco estratégico operacional (bombarderos, misiles de largo y mediano alcance, etc.), con la finalidad de convencer al oponente de que la propia actitud es neta y exclusivamente defensiva, y tratar (si es preciso negociando) que simultáneamente, él adopte la misma determinación”.
En ese sentido, sin necesidad de cambios abruptos en el actual presupuesto para el área (5.800 millones, el menor de la región en términos de puntos porcentuales del PBI), se podría destinar una gran cantidad de recursos a la obtención de sistemas de armas modernos que garanticen esa disuasión defensiva.
Los requisitos principales para la adopción de la actitud de defensa no-provocativa son:
- Coordinar minuciosamente las acciones diplomáticas con los otros países de la región y con organismos internacionales (ONU, OEA) con el fin de clarificar la adopción de esta disposición estratégica y promover acciones reciprocas de los otros países para que vayan adoptando medidas similares de reconversión de estrategia. En la región una opción generalizada por esta doctrina aliviaría los presupuestos nacionales abandonando las pequeñas carreras armamentísticas en las que incurren cíclicamente nuestros estados hermanos.
- Intensificar y efectivizar la inteligencia estratégica para prevenir amenazas, para conocer las reacciones y para preparar el planeamiento militar. Es deseable, y nuestro país cuenta con la tecnología para ello, contar con un satélite propio de múltiple propósito o un sistema similar de inteligencia electrónica aérea.
- Acceder a nuevos conceptos y formas de racionalización administrativas como medio de volcar la mayor cantidad de recursos presupuestarios posibles al mantenimiento de la más alta capacidad operacional posible y la obtención de los medios más modernos.
Concebimos la adopción de esta política de defensa en el marco de un grado mayor de compromiso de integración con los países de la región trabajando hacia una verdadera complementación de los sistemas nacionales de defensa de todos nuestros países. Pero sin dudas creemos que primero debemos procurar recomponer la capacidad operativa real de nuestras fuerzas armadas, antes de proponer una complementación con algún aliado regional (o sea, presentar “algo” que complementar).
Creemos que la implementación de una estrategia de Defensa No-Provocativa pasaría a constituirse simultáneamente en causa y efecto del continuo proceso de integración económica, cultural, social y política de nuestros estados sudamericanos. Estados hermanos cuyo destino inexorable debe ser unirse ante la evidencia de problemáticas comunes y la existencia de debilidades solo subsanables mediante la complementación regional.
Recursos Naturales y Defensa Nacional
Consideramos importantísimo vincular el carácter estratégico de los recursos naturales con la problemática de la Defensa Nacional comprendida desde una conceptualización más amplia, integral, que sea capaz de pensar la forma de organizar el control, manejo racional y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables.
En tal sentido, no proponemos solo el uso del instrumento militar –si bien es el componente central de las estructuras de la Defensa del país y tiene como función específica la respuesta ante una posible agresión armada- sino que lo concebimos como un elemento más que tiene responsabilidades junto al componente civil responsable de dirigir las políticas públicas en el área.
La visión sobre una substancial reforma y un nuevo rol de las FFAA paulatinamente se va instalando en la doctrina de defensa: En el cierre de unos ejercicios militares realizados en Misiones a fines de septiembre de 2006, el Jefe del Ejército argentino General Roberto Bendini manifestó públicamente la necesidad de modificar estructuralmente las características del planeamiento militar, adiestramiento y despliegue de las fuerzas de tierra de la República Argentina.
Asociado a esa nueva visión que se intenta instalar públicamente aparece en el escenario de la planificación estratégica la cuestión de los recursos naturales críticos para el desarrollo del país –hidrocarburos, agua, minerales, entre otros - caracterizados como estratégicos para la Nación argentina.
Se señala que “En la planificación militar, hace ya un tiempo que los recursos naturales son tenidos en cuenta como una creciente hipótesis de conflictos futuros en la región. De hecho, el ejercicio Hermandad, realizado con otros ejércitos sudamericanos, tenía como motivo la defensa ante la invasión de un país indeterminado, carente de hidrocarburos y con sus reservas de agua contaminadas.”
En efecto, esta planificación -que se cruza con percepciones de amenazas futuras vinculadas a la degradación, contaminación y escasez de los recursos naturales críticos- se vincula, a su vez, con un proyecto de reestructuración del Ejército argentino denominado Plan 2025. En tal sentido, Bendini manifestó que, entre otros cambios probables, “Las Divisiones tendrán comandos más chicos y operativos y cada una abarcará un ambiente geográfico particular, con el mismo tipo de unidades: Noreste, de Monte; Oeste, de Montaña; y Sur, de Desierto Patagónico. Se transformará la manera de operar, con fuerzas más chicas, entrenamiento especial y capacidad de operar en forma independiente.”
Estas declaraciones y manifestaciones públicas exteriorizan un estado de debate que se está generando en la presente coyuntura político-institucional y que esperamos que puede llegar a conformar un escenario de deliberaciones dinámico, prolongado y que sea realmente participativo.
Creemos que el actual momento que estamos viviendo no sólo en el país sino en la región, en donde la planificación sobre los recursos naturales y energéticos se está transformando en un eje de los debates político-institucionales sudamericanos, es especialmente propicio para empezar a estudiar la vinculación estratégica del control, el manejo racional y la preservación de recursos naturales críticos con las funciones y tareas esenciales de la Defensa Nacional.
Como casos típicos observamos, por ejemplo, el del Acuífero Guaraní o de las reservas minerales y de biodiversidad del país.
En tal sentido, se señalan por lo menos tres ejes de objetivos generales que se perseguirán en esta propuesta.
- Explorar los vínculos entre los recursos naturales como bienes estratégicos y la necesidad vital de planificar su manejo racional y asegurar su preservación y control como tareas prioritarias de la Defensa Nacional.
- Tener presente como una herramienta insoslayable las funciones que tanto el instrumento militar como los componentes civiles de la Defensa pueden desempeñar en la protección de estos recursos como intereses estratégicos de la Nación Argentina.
- Conocer la situación de los recursos naturales en el orden global, regional y nacional desde una perspectiva geopolítica (uso racional y sostenible, propiedad y administración del recurso, disponibilidad y distribución, carácter estratégico del mismo, implicancias sobre la demografía y la calidad de vida).
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